El Parlamento Europeo votará hoy el resultado de las negociaciones sobre el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR o RRF por sus siglas en inglés), destinado a ayudar a los Estados miembros de la UE a superar las consecuencias económicas de la pandemia. El MRR pondrá a disposición de los Estados miembros 672.500 millones de euros (312.500 millones de euros en subvenciones y 360.000 millones de euros en préstamos) para apoyar inversiones y reformas, en favor de la transición ecológica y digital. El grupo de los Verdes/ALE ha celebrado que se asigne al menos el 37% del total de las dotaciones nacionales a la protección de la biodiversidad y del clima, así como un mínimo el 20% para el gasto digital.

Sobre este asunto, el eurodiputado de Catalunya en Comú, Ernest Urtasun, vicepresidente del grupo Verdes/ALE y negociador del Parlamento en el MRR, ha comentado:

“Este acuerdo es un paso histórico para Europa, hemos demostrado que podemos construir un camino hacia la recuperación y apoyar a los Estados miembros más afectados por esta crisis. El Mecanismo de Recuperación y Resiliencia tiene que tener visión a largo plazo , por lo que es fundamental que estos fondos sienten las bases para la economía deel futuro.

El MRR cambia las reglas del juego y es una señal de solidaridad de la UE sin precedentes. Por primera vez, los fondos se recaudan colectivamente a nivel europeo y se dirigen a los Estados miembros en función del impacto económico de la crisis COVID-19. Estos fondos  permitirán a los países responder a la crisis económica causada por la pandemia, al mismo tiempo que se mantienen o incluso aumentan las inversiones públicas en las áreas prioritarias europeas, y se canalizan 250.000 millones de euros en la transición verde, así como 134.000 millones de euros en la transformación digital.

El MRR es ambicioso ya que exige unos objetivos de inversión climática del 37% para cada país y se basa en las normas de taxonomía de la UE para la financiación sostenible. En este sentido, haremos pleno uso de los poderes otorgados al Parlamento en este reglamento para supervisar y controlar tanto los planes de los Estados miembros como las evaluaciones de la Comisión, para garantizar que las medidas climáticas, sociales y de igualdad de género estén en el centro de los planes.