Ayer fue el día internacional contra la pobreza. Por eso quiero aprovechar esta oportunidad para recordar y seguir apoyando la propuesta de los Verdes/ALE en el Parlamento Europeo de crear un esquema a nivel europeo de renta mínima como formada de combatir la pobreza y la exclusión social.

Hoy en día, 120 millones de personas de la Unión Europea, casi un 25% de la población, se encuentran en riesgo de pobreza, exclusión social y vulnerabilidad ante las persistentemente altas tasas de desempleo.

El esquema que proponemos no debemos confundirlo con la renta básica o la renta universal, que son independientes de cualquier ingreso y garantizadas a los ciudadanos o residentes de un país por una institución pública. Los programas de renta mínima son medidas de apoyo de último recurso específicamente diseñadas para garantizar estándares de vida dignos para individuos y familias que no tienen otros medios de apoyo financiero, ya sea porque no pueden trabajar, acceder a un trabajo decente o tener acceso a prestaciones por desempleo.

En España, el número de personas desempleadas que reciben una prestación no para de caer, dejando cada vez a más gente desprotegida. En el último mes registrado alrededor del 55% de las personas en paro tenían algún tipo de prestación, muy lejos del 78% de hace unos años. Esto quiere decir que más de un millón y medio personas que quieren trabajar y no pueden deben hacer frente a su día a día sin ningún tipo de prestación o subsidio, sea contributiva o no contributiva.

Aparte de Grecia e Italia, que ni siquiera tienen un programa general de renta mínima, la mayoría de Estados miembros no están logrando sacar a la gente de la pobreza o detener el aumento de la desigualdad social. Esto se debe principalmente a que los Estados no tienen en cuenta el umbral de riesgo de pobreza de Eurostat -establecido en el 60% del ingreso medio nacional- para calcular adecuadamente la cantidad de sus asignaciones.

Dentro este panorama, destacamos el caso de Catalunya que el pasado 15 de setiembre se puso en marcha una renta garantizada de ciudadanía (RGC). Tras una gran presión ciudadana y de muchos partidos de la oposición se consiguió aprobar por unanimidad este subsidio que oscilará entre los 564 y los 1.062 euros, según los miembros de la unidad familiar y en el 2020, el subsidio oscilará entre los 664 y los 1.208 euros mensuales. La Renta Garantizada afectará a miles de personas., se calcula que 28.000 personas pasarán de recibir la Renta Mínima de Inserción a recibir la Renta Garantizada y la previsión es que en el 2020 llegue a 68.000 hogares.

Desde 2008, la Comisión Europea ha pedido a los Estados miembros que desarrollen estrategias activas de inclusión basadas en apoyo a los ingresos, acceso a servicios y un mercado laboral inclusivo. Actualmente, el Parlamento Europeo está trabajando en un informe que se votará la semana que viene en Estrasburgo. El informe de Laura Agea llamado “Políticas de renta mínima como herramienta para atajar la pobreza” que pide la implementación de programas de renta mínima en cada Estado miembro de la UE.

Sin embargo, también creemos que estos programas deben ser acompañados por otra serie de medidas como facilitar el acceso a los servicios sociales y de empleo, salud, educación de calidad, transporte, etc. El mercado laboral también debe ser más inclusivo, es decir, que cada persona en edad laboral, incluyendo personas en situación vulnerable, deben recibir apoyo para acceder a empleos de calidad y percibir empleos decentes.

Por todo ello, nosotros – así como la Plataforma Europea contra la Pobreza y la Exclusión Social, la Red Europea por la Renta Mínima, el Comité Económico y Social Europeo y muchas otras ONGs- creemos que la mejor manera de alcanzar este objetivo es adoptar una directiva marco que establezca metodologías comunes para todos los Estados miembros para definir la adecuación, los principios comunes, las definiciones y los medios para lograr un tablero de juego nivelado en toda Europa.