(Article publicat a Expansión el 16 de novembre de 2018)
Europa afronta un serio problema con su marco legal contra el blanqueo de capitales, como recientes escándalos han demostrado. En febrero de 2018 salió a la luz que el banco ABLV, el tercero más grande de Letonia, “había institucionalizado el blanqueo de capitales” como un pilar fundamental de su actividad bancaria, según afirmaron los reguladores norteamericanos. Fue multado de forma cosmética por su supervisor estatal con una sanción de menos de 3 millones de euros. El BCE no actuó y tuvo que ser el departamento de Finanzas de Estados Unidos quien acusara ante los tribunales al banco letón por haber blanqueado dinero. La directora del Mecanismo Único de Supervisión (MUS), Danièle Nouy, afirmó que no tenían competencias al respecto.
Los escándalos han seguido durante este año 2018. El Versobank estonio perdió su licencia bancaria en marzo por sus constantes incumplimientos de la legislación contra el blanqueo. El Banco Pilatus en Malta está siendo investigado por la Asociación Bancaria Europea (ABE) por fraude y blanqueo. El Danske Bank danés utilizó su filial en Estonia para blanquear miles de millones de origen ruso.
Todos estos casos demuestran un marco legal y de supervisión comunitario totalmente deficiente. Este consiste en una directiva europea contra el blanqueo y en los reglamentos de las Autoridades Europeas de Supervisión entre las que se encuentra la ABE. El BCE, a través del MUS, tiene competencias sobre los bancos sistémicos, así como la competencia de retirar la licencia bancaria a cualquier entidad ante incumplimientos flagrantes. Por su parte la ABE tiene, bajo las nuevas normas de la Directiva contra el Blanqueo, la capacidad de formular directrices directas a los bancos, así como abrir investigaciones, como está haciendo en el caso Pilatus.
Sin embargo, la supervisión está fuertemente fragmentada. La responsabilidad primaria recae en las autoridades nacionales competentes, cuyas competencias varían mucho. No existen mecanismos de coordinación e intercambio de información adecuados entre autoridades nacionales. La UE no dispone tampoco de mecanismos para recabar directamente información o llevar a cabo tareas de investigación en profundidad. La UE también carece de un mecanismo sancionador propio y solo dispone de una medida coercitiva, que debería ser de último resorte: retirar la licencia bancaria, es decir, obligar al cierre.
El pasado mes de septiembre el presidente Juncker anunció una serie de medidas exprés para mejor estas deficiencias que incluyen dos medidas legislativas urgentes. Por un lado, la revisión de la Directiva de Requerimientos de Capital, para reforzar el vínculo entre la supervisión prudencial y el control de blanqueo de capitales y, en segundo lugar, la revisión de los reglamentos de las Entidades Europeas de Supervisión para dotar de un mandato reglamentario específico a la ABE para la lucha contra el blanqueo de capitales, dotándola de poderes, competencias y recursos. También se incluyen medidas no legislativas, para que la ABE analice en profundidad los casos de blanqueo, malas prácticas de los bancos y errores de supervisión. También adoptará un rol central en la coordinación de las actuaciones, el intercambio de información y en la formación continuada del personal de las diferentes autoridades nacionales.
Pero esto sólo puede ser considerado un primer paquete de medidas: necesitamos hacer mucho más. En primer lugar, debemos garantizar recursos presupuestarios suficientes tanto para la ABE como para la Comisión Europea en esta materia. Por otro lado, creemos imprescindible la creación de una Unidad Europea de Información Financiera, que actúe como organismo de investigación criminal transnacional. Los delitos de blanqueo son de naturaleza transfronteriza, pero carecemos de una unidad que garantice el esencial intercambio entre países de información financiera precisa y creíble de manera puntual. Además, podría tener capacidad para iniciar investigaciones en caso de tener sospechas fundamentadas de negligencias en los supervisores nacionales.
Finalmente es imprescindible desarrollar la supervisión en los sectores no financieros, ya que el blanqueo puede producirse a partir de otros actores como los contables, abogados y consultorías fiscales. Actualmente la supervisión en este campo es muy limitada, fragmentada entre los distintos estados y sin fórmulas de coordinación a nivel UE.
Sin duda estas medidas, añadidas a las ya anunciadas hace unas semanas por la Comisión Europea, supondrían una mejora substantiva en el futuro de la capacidad de la UE para hacer frente al reto de controlar los flujos de dinero de origen criminal. Los escándalos demuestran que es un problema serio aún por resolver dentro de la Unión.