El Real Decreto-ley 8/2020 español de medidas urgentes para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 dispone una moratoria en el pago de las cuotas hipotecarias de los colectivos particularmente vulnerables para y evitar la pérdida de sus viviendas. La norma establece que la entidad acreedora procederá a la implementación de la moratoria en un plazo máximo de 15 días una vez presentada la solicitud para aquellas personas que hayan perdido el empleo o cuyos ingresos no alcancen unos mínimos establecidos por la propia norma. Durante la aplicación de esta moratoria excepcional, se han presentado ante las entidades 387.472 solicitudes para aplazar hipotecas y créditos. Sin embargo, el sector bancario está poniendo numerosas trabas para evitar el cumplimiento de este decreto. Por eso hemos pedido al BCE que mediante el Mecanismo Único de Supervisión investigue cómo las entidades financieras españolas están resolviendo las solicitudes de moratoria en el pago de las hipotecas.

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