El Consejo de Ministros de hoy ha aprobado el Real Decreto Ley de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo indebidas, que debe dar cumplimiento a la sentencia del TJUE de 21 de diciembre de 2016, en los asuntos acumulados C-154/15 y C-307 y 308/15. El eurodiputado de ICV Ernest Urtasun ha dirigido a la Comisión Europea una petición formal para que investigue si el procedimiento extrajudicial aprobado por el gobierno cumple las normas europeas en materia de protección a las personas con deudas hipotecarias. Sobre el contenido de del RDL y de su pregunta escrita [1], ha declarado lo siguiente:

“El grave problema social de las cláusulas suelo es consecuencia directa de una política de protección de los intereses de la banca, realizada tanto por Gobiernos del PP como del PSOE.Y ahora la solución la han pactado precisamente los actores que han incumplido las normas europeas, el gobierno y la banca, dejando nuevamente de lado los intereses de la ciudadanía.

Este Real Decreto Ley nos arroja muchas dudas y le pedimos a la Comisión que intervenga ya que consideramos que no da pleno cumplimiento a lo establecido por las sentencias del Tribunal de Justicia de la UE. El texto no establece un mecanismo general de devolución automáticas de las cantidades defraudadas de forma directa. Desde nuestro punto de vista la sentencia del Tribunal de Luxemburgo establecía la restitución de las cantidades cobradas indebidamente.

Se empuja a la ciudadanía a un procedimiento extrajudicial, que no deja de ser negociar directamente con los bancos con gran desigualdad de condiciones. No se ha propuesto nada para mejorar la situación de los miles de casos que ya están en los juzgados.

Además se abre la puerta a que los bancos propongan medidas alternativas de devolución, como la amortización parcial del capital de los préstamos, con un mayor riesgo para las personas afectadas. En el Decreto no se impulsan medidas para la devolución a las personas afectadas de los importes pagados indebidamente por la formalización de las hipotecas como los gastos de registro, notarías y tributos, que son cobros que según las sentencias judiciales se deben devolver.”