Publicado por Sven Giegold y Ernest Urtasun en Público
Miembros de la Comisión Especial TAXE del Parlamento Europeo

Estos días, Antoine Deltour, exempleado de una de las grandes asesorías de empresas, debería estar de celebración. Hace un año exactamente, unos periodistas hicieron público, con su ayuda, el escándalo fiscal más grande en la historia de la Unión Europea: LuxLeaks. Sin embargo, nos tememos que Deltour no debe tener muchas ganas de celebrar nada, puesto que ha sido procesado en Luxemburgo por robo y revelación de secretos. En los próximos meses tendrá que presentarse ante los tribunales, que pueden condenarle a hasta cinco años de cárcel. Una recompensa muy generosa para una persona que ha arriesgado su seguridad y su bienestar actuando en favor del interés común, desvelando gravísimas irregularidades fiscales.

Mientras tanto, las consecuencias para los implicados en el escándalo LuxLeaks son hoy limitadas –por decirlo de forma suave. Las empresas intermediarias que han asesorado y negociado los acuerdos para las corporaciones multinacionales no han sido acusadas, y las grandes multinacionales implicadas, por supuesto, tampoco.

De hecho, muchos de estos acuerdos siguen aplicándose. Hasta la fecha sigue sin aclararse quién tiene la responsabilidad política de estos chanchullos fiscales, que no sólo se dieron en Luxemburgo. Jean-Claude Juncker, por ejemplo, el actual presidente de la Comisión Europea y anterior primer ministro de Luxemburgo, sigue negando obstinadamente haber estado involucrado de forma alguna en los acuerdo con los grandes consorcios, los denominados “tax rulings“. Recientemente declaró ante la Comisión Especial sobre la evasión fiscal del Parlamento Europeo que la administración tributaria de su país actúa de forma completamente independiente del Gobierno.

Lo mismo podemos decir de Jeroen Dijsselbloem. El ministro de Finanzas de los Países Bajos, socialdemócrata y jefe del Eurogrupo, declaró no haber sabido nada de los chanchullos fiscales y los define como algo completamente normal.

¿Es normal que las grandes multinacionales que actúan en la UE desvíen cada año –al margen de las agencias tributarias, como si se tratara de contrabando– un importe equivalente al doble del impuesto de la renta anual que se paga en España?

Desde hace meses, la comisión especial TAXE del Parlamento Europeo intenta aclarar estos hechos. Los diputados y diputadas que formamos parte de ella queremos averiguar qué tipo de chanchullos fiscales se practicaron y saber si se siguen produciendo en los diferentes países miembros de la UE y quiénes son sus responsables.

Pero la Comisión Europea y numerosos Gobiernos de los estados miembros de la UE dificultan nuestro trabajo. Desde hace meses retienen, por ejemplo, algunos documentos clave sobre reuniones de los gobiernos sobre la cuestión. En condiciones absurdas, sólo unos pocos diputados pudieron ver algunos documentos confidenciales en una sala de lectura, bajo estrictas medidas de seguridad, sin móviles ni ordenadores y por un tiempo limitado. En esa sala no está permitido tomar apuntes acerca del contenido de las más de 800 páginas redactadas en un inglés muy técnico, y además se requiere para ello firmar un compromiso de confidencialidad para acceder a ella.

Nuestra sorpresa fue mayúscula cuando además comprobamos que se habían tachado numerosos fragmentos en esos mismos documentos. Países como Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Gran Bretaña y también España, se negaron a desvelar algunos informes de sus funcionarios. Así se imposibilita el ejercicio de un control democrático y un esclarecimiento contundente del caso LuxLeaks.

Tras las revelaciones de LuxLeaks, Jean-Claude Juncker prometió una revolución en la legislación fiscal comunitaria. En noviembre de 2014 Juncker se presentó ante el Parlamento Europeo como un pecador arrepentido, declarando que tal situación era inaceptable y prometiendo elaborar y presentar una legislación fiscal severa y amplia para la Unión Europea. Un año después, prácticamente nada ha cambiado: la Comisión dirigida por Juncker anunció planes ambiciosos que inmediatamente fueron rechazados por muchos estados miembros.

Entre estas medidas se encuentra fijar una base imponible común del impuesto de sociedades. Se trata de algo que tiene sentido y que debería ser discutido, aunque se trata, en términos políticos, de una propuesta que requiere tiempo para aplicarse.

En cambio, hasta la fecha no se han hecho propuestas eficaces que podrían ser aprobadas a través de una mayoría simple en el Consejo.

Daremos sólo dos ejemplos: para destapar casos de dumping fiscal, hay que publicar información que indica qué empresa consigue qué cantidad de ganancias en qué país y dónde paga sus impuestos. Según las estadísticas, las empresas estadounidenses obtienen el 10% de sus ganancias fuera de EEUU, en Luxemburgo. Es obvio que eso no tiene nada que ver con la economía real, sino que es resultado de una competencia fiscal desleal. Pero esos datos no son públicos. Todavía hoy esperamos que la Comisión Europea presente una propuesta en este sentido.

En segundo lugar, entre los miles de acuerdos entre países y multinacionales que fueron inspeccionados, la Comisión Europea hasta ahora sólo ha declarado dos como ilegales: Fiat (Luxemburgo) y Starbucks (Países Bajos). La Comisaria de competencia de la UE, Vestager, está actuando bien en estas investigaciones. Pero lamentablemente, en su departamento tan solo hay 20 funcionarios que se dedican al complicado tema del dumping fiscal –y tienen que encargarse de toda la Unión Europea. Por eso es previsible que muchas de las investigaciones contra multinacionales nunca lleguen a abrirse.

Las ciudadanas y los ciudadanos europeos tenemos derecho a saber quiénes son los responsables de esta evasión fiscal de miles de millones de euros, así como a disfrutar de una legislación fiscal justa, que no otorgue un trato preferente a las grandes corporaciones. Por eso celebramos que el Parlamento Europeo haya decidido dar continuidad por otros seis meses a la Comisión especial del Parlamento Europeo que investiga estos hechos, llamada TAXE, para que los diputados y diputados podamos cumplir verdaderamente con nuestro deber de control democrático y para que podamos aclarar quién tiene la responsabilidad política sobre estos chanchullos fiscales. Y para seguir exigiendo a la Comisión Europea que presente de una vez sus anunciadas propuestas de cambios legislativos, garantizando que no se queden en simples cambios cosméticos, sino que creen una nueva base del sistema tributario en la Unión Europea.

Estamos seguros que esa sería también una justa recompensa para el informador Antoine Deltour, perseguido judicialmente. Con la actitud de bloqueo por parte de los actuales dirigentes de la UE, uno se pregunta quién es realmente el delincuente aquí.

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