Esta noche, la Comisión Europea, el Consejo y el Parlamento llegaron a un acuerdo sobre la esperada medida de transparencia fiscal para la información pública país por país (pCBCR por sus siglas en inglés) para grandes empresas multinacionales. En virtud de la nueva directiva, que fue presentada por primera vez por la Comisión en 2016, las empresas multinacionales que facturen más de 750 millones de euros anuales durante dos años consecutivos estarán obligadas a declarar cuánto ganan en beneficios, cuánto pagan en impuestos y cuántos empleados y empleadas tienen en los países de la UE, así como las jurisdicciones que figuran en la “lista negra” y la “lista gris” de jurisdicciones no cooperativas de la UE. Fue el Consejo el que rechazó el desglose global e introdujo una “cláusula de salvaguardia” que podría permitir a determinadas empresas eludir sus obligaciones de información. Sin embargo, el texto final introduce una cláusula de revisión, incluyendo la revisión de estos dos elementos.
Las medidas, que han sido defendidas durante mucho tiempo por el Grupo Verdes/ALE, son una herramienta clave para hacer frente a la evasión fiscal de las empresas, que ayudará a reducir la competencia fiscal entre los Estados miembros y aumentar la transparencia en torno a cómo operan las multinacionales. El CBCR público se propuso por primera vez en respuesta a una serie de escándalos fiscales internacionales, como el de LuxLeaks o los Papeles de Panamá.
El eurodiputado de En Comú Podem Ernest Urtasun y ponente de los Verdes/ALE para el informe en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, ha comentado:
“La transparencia fiscal de las multinacionales es esencial en el camino hacia la justicia fiscal. Las prácticas fiscales desleales de las multinacionales ponen en desventaja a las pequeñas y medianas empresas, que ya se han visto muy afectadas por la pandemia. El 80% de las pérdidas fiscales de países euroeos se produce en los propios paraísos fiscales de la UE, principalmente Países Bajos, Luxemburgo e Irlanda. La UE es responsable del 36% global de pérdidas fiscales.
“El CbCR público significa que la gente podrá saber cuántos impuestos pagan las grandes empresas y dónde. Se trata de una victoria para los ciudadanos y ciudadanas y demuestra que la UE puede actuar en cuestiones que preocupan a la gente. A largo plazo, la justicia fiscal será esencial para que la ciudadanía confíe en la capacidad del proyecto europeo.”
“La información pública país por país llevaba mucho tiempo pendiente, por eso es de agradecer que por fin tengamos un acuerdo. Estas medidas de transparencia fiscal contribuirán a garantizar que las empresas multinacionales paguen lo que les corresponde y puedan aportar algo de equidad a su forma de operar. La información pública ayudará a que las multinacionales pongan fin a las prácticas agresivas de planificación fiscal, al dumping fiscal y al traslado de beneficios. Ayudará a poner fin a los acuerdos desleales que ponen a los Estados miembros en una carrera a la baja a expensas de los ciudadanos. Esto es vital en tiempos en los que nuestras economías están sufriendo la pandemia de Covid-19.
“Hemos evitado el estancamiento de otros expedientes en el ámbito de la justicia fiscal, como la BICCIS y el ITF, que llevan bloqueadas en el Consejo más de diez años. El primer paso siempre es el más difícil, este acuerdo sobre el pCBCR debería ser el comienzo, ya que la cláusula de revisión, amplia y ambiciosa, dará la oportunidad de mejorar las normas en el futuro respecto algunos elementos, como la desagregación global y la cláusula de salvaguardia, en los que el Consejo no estaba dispuesto a avanzar. Al mismo tiempo, también hay que avanzar en una serie de medidas, como un ambicioso tipo mínimo efectivo del impuesto de sociedades a nivel mundial, un impuesto digital o la mejora de las normas de información pública sobre la propiedad efectiva y la lista de paraísos fiscales no cooperativos de la UE, que aporten justicia fiscal en la UE”.
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