-El TTIP, de aprobarse, reforzaría muchísimo el papel de las grandes empresas y sus derechos como inversoras, a costa de los servicios y los intereses de los consumidores.  Uno de los grandes problemas del tratado, y que más gente está movilizando en contra, es que propone crear un mecanismo permanente de solución de diferencias entre empresas y estados o ISDS en sus siglas en inglés. Estos sistemas de arbitraje entre el inversor y el estado otorgan a las grandes empresas mecanismos muy poderosos para asegurar sus intereses. El tratado contiene por lo tanto estandartes de protección de las inversiones como la no discriminación, el tratamiento igualitario y justo o en contra la expropiación para garantizar que no se rompan las “expectaciones legítimas” de los inversores de tener un entorno de negocio estable. Por ejemplo, Alemania ha introducido una cláusula en la negociación del TTIP para reservarse el derecho de nacionalizar hospitales privados claves, pero esta puede no servir de nada, ya que con la gran garantía que se ofrece de los derechos del inversor, dentro del TTIP los inversores de los hospitales podrían invocar una prohibición de expropiación, y imposibilitar que un estado recupere la gestión del este servicio público.  El TTIP por lo tanto supondría una limitación muy importante a las posibilidades de los gobiernos, sobre todo los nuevos gobiernos que tendrán muy difícil cambiar aquello hecho por sus predecesores. El tratado claramente coloca los intereses de las industrias por encima de los intereses de los pacientes, ya que supondrá un duro golpe a la sanidad pública y al principio de universalidad y accesibilidad, encareciendo por lo tanto la presentación de servicios sanitarios y el acceso a medicinas.

-Durante las últimas décadas tanto la sanidad como los servicios sociales se han empezado a insertar dentro de los acuerdo comerciales negociados por la UE.  EL TIIP podría conllevar graves consecuencias para los sistemas sanitarios europeos ya que estos acuerdos pretenden completar los procesos de liberalización y privatización de los servicios y con ello también de la sanidad pública.  En el TTIP, como ya lo comunicó la Comisión Europea y como hemos visto en algunos documentos, los servicios sanitarios están en la mesa de negociación, no solo los servicios hospitalarios, sino también los servicios médicos están abiertos a competición bajo el TTIP. Una de las primeras graves consecuencias de este tratado será que, de aprobarse, se estaría bloqueando la privatización y liberalización ya alcanzada en muchos estados miembros, haciendo que cualquier vuelta atrás para asegurar el acceso igualitario a los sistemas de salud y a una cobertura sanitaria universal sería muy difícil y muy costosa. Las principales obligaciones dentro de TTIP en relación a la sanidad están en los capítulos de sobre inversión, comercio de servicios transfronterizos, licitación públicas, subsidios y sobre el reconociendo de las cualificaciones. Los estos miembros y la UE están introduciendo algunas reservas concretas para proteger algunos sectores como la sanidad, pero estas siguen siendo muy pobres y tienen muchos vacíos legales que conllevaría consecuencias muy negativas para los sistemas sanitarios europeos como por ejemplo la liberalización de las residencias de personas mayores.

-El núcleo principal del tratado es, sin lugar a dudas, la cooperación reguladora. Siendo los aranceles muy reducidos ya en el comercio entre ambos bloques, el Tratado pretende iniciar un proceso de armonización de la regulación en toda una serie de ámbitos. Eso permitiría, por ejemplo, que productos producidos en EEUU no conforme a los procedimientos y estándares europeos puedan tener el reconocimiento suficiente para ser vendidos en Europa, y viceversa. Los defensores del Tratado venden el ejercicio como un proceso eminentemente técnico, en el que desacoplamientos injustificados en la regulación impiden que los productos puedan circular libremente. Sin embargo el tratado busca poner en competencia las regulaciones para mejorar la capacidad de competir de las economías mediante la supresión de barreras y normas.

Existe además la voluntad de crear un “Consejo de Cooperación Reguladora”, un organismo técnico que impulsaría la eliminación de estas barreras, con capacidad incluso de control previo a nuevas normas que afecten ámbitos incluidos en el Tratado. La capacidad de regular estaría limitada por un organismo internacional de carácter técnico. El montaje tiene por lo tanto un objetivo no declarado: fomentar una mayor desregulación de algunos de nuestros sectores de producción, limitando además la capacidad de actuación de nuestros poderes públicos. Además el mecanismo permanente de solución de diferencias entre empresas y estados (ISDS) tiene dos problemas de fondo. El primero, es la creación de un “foro” privado para la solución de disputas en una inversión. En caso de disputa entre un actor económico y un estado, lo lógico y democrático es que esa disputa sea resuelta mediante los procedimientos establecidos en nuestros ordenamientos constitucionales democráticos. ¿Por qué permitir que esas disputas sean resueltas por árbitros privados que cobran de la parte interesada? La otra objeción al mecanismo es la elección de la norma aplicable en caso de disputa. Esta se resolvería en aplicación del propio Tratado, no del ordenamiento constitucional de los países. Un mal asunto ya que en nuestros ordenamientos vienen derechos de ciudadanía reconocidos que dejarían de ser considerados en dichas disputas. De aprobarse el tratado por lo tanto conllevaría consecuencias muy peligrosas y con dudosa validez democrática a la vez que limitaría los poderos públicos y menospreciaría los actuales sistemas jurídicos europeos.

-Si, como ya he dicho, el TTIP tiene como objetivo seguir avanzando en los procesos de liberalización y privatización de las economías occidentales. La Comisión Europea suele afirmar que los servicios públicos quedarán preservados y que serán los Estados Miembros que podrán decidir qué liberalizar y qué no. Esta afirmación contiene una doble trampa. La primera, es que hasta ahora, y a pesar de lo que han exigido los sindicatos de servicios públicos, no se quiere establecer una cláusula en el Tratado que suponga una exclusión horizontal de todos los servicios públicos de su ámbito de aplicación, lo cual daría seguridad a la afirmación de la Comisión. Y segundo, lo que sin duda supone un apuntalamiento de las liberalizaciones sería la limitación de que los poderes públicos pudieran, en caso de decidirlo, devolver a la esfera pública servicios privatizados. El peso y la fuerza del ISDS harían que todo lo liberalizado fuese difícilmente recuperable para el control público.

A nivel más específico, si el TTIP se aprueba los ciudadanos verán una progresiva privatización de la sanidad, con la restricción de acceso que ello conlleva y el encarecimiento de los servicios médicos, haciendo que de facto muchos ciudadanos ya no tengan la el derecho de acceder a ellos. En el sector de los medicamentos esto aún es más pronunciado ya que los lobbies farmacéuticos americanos y europeos están pidiendo más fortaleciendo de los derechos de propiedad intelectual, lo que significarían un aumento de los costes de los servicios de sanidad públicos obligándolo a comparar medicamento no genéricos. El acceso a medicamentos es esencial para asegurar un acceso a la sanidad. El TTIP podría por lo tanto promover retrasos al acceso de medicamentos genéricos más baratos en la UE, limitar el acceso público a informaciones sobre la seguridad y eficacia de algunas medicinas, y dar más poder a las empresas farmacéuticas en las decisiones de reembolso y precios en los estados miembros, a la vez que permitiría que las empresas farmacéuticas pudieran denunciar a los estados miembros por sus políticas de medicamentos.

-Uno de los principales problemas del TTIP ha sido que la mayor parte de las negociaciones se han realizado en secreto, sin acceso público a los principales documentos de negociaron, y con la mayor parte de las informaciones que conocíamos procediendo de filtraciones. La dinámica actual sigue siendo la misma, vamos conociendo de forma oficial la posición de los países y la posición de la UE ante las negociaciones que nos permite ver que se están negociando importantes partes de la legislación europea, pero no podemos acceder a los documentos del acuerdo ya negociados y consolidados, que son los verdaderamente importantes, ya que de la posición de la UE a lo que finalmente se acuerda pueden haber grandes cambios y concesiones. Por lo tanto la base de lo conocemos sobre el TTIP proviene mayoritariamente de filtraciones, la última y una de las más importantes fue la revelada por Greenpeace el pasado Mayo donde reconfirmo todas nuestras sospechas que los riegos del TTIP hacia el medio ambiente, la salud pública y las privatizaciones, sacrificando la vez aquellas directivas y políticas que protegen los derechos de los ciudadanos europeos.

-Como ya he comentado antes el tratado busca la cooperación reguladora pretende crear un órgano de cooperación regulatoria con el fin de “eliminar barreras no arancelarias”, es decir acabar con aquellas leyes de protección laboral, ambiental y de salud, así como de protección de los servicios públicos. Muchas de las regulaciones en el ámbito sanitario podrían ser modificadas y hasta eliminadas. El viejo armazón legal europeo que protege los derechos alimentarios mediante avanzadas normas de regulación de su producción, el acervo ambiental europeo, nuestros servicios públicos universales… son para algunos lujos que los europeos ya no nos podemos permitir ante el nuevo escenario del neoliberalismo global. Un ejemplo claro de esto sería en el sector alimentario, donde la UE debería reducir sus estándares de seguridad alimentaria para equipáralos a los de EEUU, que permite métodos de producción de alimentación menos seguros y regulados, y por lo tanto abandonar los avances europeos en un consumo basado en la producción local menos dependiente de las grandes industrias agroalimentarias, y abrir el mercado europeo a productos con organismos modificados genéticamente, hormonas de crecimiento, con una reducción de las medidas de bienestar animal y por lo tanto chocando con las establecidas normas fitosanitarias actuales.

-El Tratado de Libre Comercio con los EEUU, a través de la cooperación reguladora, los tribunales arbitrales y la liberalización de servicios, es a mi juicio una pieza central de la estrategia de ganar competitividad a escala global mediante la desregulación y la limitación de la acción de los poderes públicos. Por lo tanto la introducción de este tratado es claramente un ataque frontal a la concepción de la universalidad de los servicios públicos, a la concepción de lo que significa lo público y un intento claro de priorizar los intereses privados y de las empresas a los intereses comunes y al bienestar de la propia sociedad.  El TTIP por lo tanto supone una amenaza directa a la sanidad pública y al del estado de bienestar y modelo social que salió de la segunda guerra mundial.

-Si, de hecho otros tratados como CETA, que de hecho ya están mucho más avanzado que el TTIP en las negociaciones, van exactamente en la misma línea que el TTIP y a nivel de las consecuencias y los riesgos para la sanidad europea son practicante los mismos. Estos tratados van todos en la misma línea, la privatizaciones y liberalización de todos los sectores económicos, incluidos los servicios públicos, y la reducción de los poderes públicos y la capacidad democrática. Todos los tratados que se están negociando actualmente van en la misma línea y se refuerzan entre sí. Debemos pararlos de forma urgente si queremos preservar nuestros sistemas de bienestar.