Ante la decisión de ayer del Tribunal Supremo de corregir la sentencia que daba la razón a las personas hipotecadas e exigía a la banca la devolución del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados, Ernest Urtasun ha registrado dos preguntas escritas pidiendo a la Comisión que interceda en este caso. Así, en las preguntas [se pueden consultar aquí y aquí] se exige que se garantice el cumplimiento de la Directiva 93/13 en materia de cláusulas abusivas, así como los procesos de reclamación colectiva por parte de entidades de defensa de las personas consumidoras de productos financieros.
Sobre ello, Ernest Urtasun, eurodiputado y portavoz de Catalunya en Comú, ha comentado:
“Entendemos que la Comisión debe actuar y hay una dimensión europea. Con esta decisión del Supremo se impide que se aplique la directiva 93/13 en materia de cláusulas abusivas. Los bancos no tendrán ninguna penalización ni pagarán ninguna consecuencia por el hecho de haber hecho pagar durante años gastos indebidos a las personas hipotecadas. Varias sentencias del Supremo de 2015 declararon abusivas las cláusulas de gastos de las hipotecas, donde se incluye el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados. Con la decisión de ayer del Supremo, no habrá ninguna consecuencia para los bancos cosa que va claramente contra el espíritu de la directiva 93/13.
La decisión del Tribunal Supremo pone en entredicho su independencia. El presidente del Supremo y el de la Sala parecían más interesados en proteger los intereses económicos de la Banca ante sus caídas en la bolsa que en asegurar la correcta aplicación de la ley o defender los derechos de las personas hipotecadas que han sido víctimas de una cláusula abusiva. Todo el proceso pone en entredicho la independencia de la Sala, cosa que es contraria al artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE.
Además, creemos que las entidades que representan los intereses de las personas afectadas por estas prácticas abusivas deben tener un papel activo a partir de ahora. Los derechos de acción colectiva deben ser garantizados, la Comisión tiene competencias al respecto, qué están promoviendo con su paquete New deal for consumers.”