Los diferentes países europeos que sufrieron regímenes autoritarios y fascistas homologables al español han podido juzgar a sus respectivas dictaduras y a sus culpables, además de desarrollar una política activa de reconocimiento de las víctimas. Todos los países menos el Estado español. Una anomalía que permite que España siga siendo a día de hoy uno de los países del mundo con más desaparecidos forzados.

Tal y como estipulan las reglas del derecho internacional de los Derechos Humanos firmadas por España, ninguna ley, práctica o decisión política o judicial puede amparar crímenes contra la humanidad como los   que se cometieron sistemáticamente durante toda la dictadura franquista. Sirva de ejemplo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos suscrito y ratificado por España antes de que se dictara la Ley de Amnistía y que establece, en su artículo 15.2, que nada impedirá el juicio y la condena por actos u omisiones que en el momento de cometerse fueran delictivos según los principios generales del derecho reconocidos por la comunidad internacional.

El pasado 11 de diciembre de 2016 el pleno del Parlamento Europeo aprobó por amplísima mayoría (456 votos a favor, 138 en contra y 104 abstenciones) el Informe Nagy sobre la situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea en 2015 que, en su apartado 63, insta a las siguientes actuaciones:

El Parlamento Europeo, considera imprescindible que todos los Estados miembros colaboren con las investigaciones judiciales nacionales o internacionales destinadas a esclarecer responsabilidades en este ámbito (memoria democrática) y a procurar verdad, justicia y reparación a las víctimas de los crímenes de lesa humanidad cometidos en la Unión por regímenes totalitarios; pide a los Estados miembros que prevean la formación necesaria para los profesionales de la justicia en este ámbito; pide a la Comisión Europea que realice una evaluación objetiva de la situación de estos procesos con vistas a promover la Memoria Democrática en todos los Estados miembros; alerta de que el incumplimiento de las recomendaciones internacionales sobre memoria democrática y de los principios de jurisdicción universal vulnera principios básicos del Estado de Derecho.

Con este pronunciamiento el Parlamento Europeo se sumó a las posiciones sobre esta materia defendidas por instituciones internacionales como el Consejo de Europa o las Naciones Unidas. Instando a que todos los países de la UE investiguen o al menos dejen investigar crímenes de lesa humanidad que se hayan producido en su territorio acabando con el régimen de impunidad que los ampara. Una impunidad que ha generado un desamparo judicial efectivo a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos durante la dictadura y la Transición. Como reconoció el mismo Ministerio de Justicia español, que se comprometió con la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ante una comunicación relacionada con el caso de Vitoria 3 de marzo del 1976 por el que esta imputado Martin Villa en la querella argentina, en “avanzar en propuesta de reformas legales que permitan dar amparo legal a las víctimas del franquismo, cuya desprotección es visible”

Hace escasos meses se han cumplido diez años desde que se inició la causa 4591/2010 que se tramita en el Juzgado Criminal y Correccional Federal 1 de la República Argentina, siendo su titular la Jueza Dña. María Servini de Cubría. En dicho proceso penal se investigan los crímenes contra la humanidad que se cometieron durante la dictadura franquista y la Transición en el Estado español.

Uno de los actos procesales más importantes señalados en el marco de la causa penal referida es la toma de declaración indagatoria de Rodolfo Martín Villa, dirigente de la dictadura y Ministro de Relaciones Sindicales, de Gobernación e Interior durante la Transición.

Rodolfo Martín Villa está imputado en la denominada “querella argentina” por 12 homicidios agravados y cientos de heridos ocasionados, en un contexto de crímenes contra la humanidad, como consecuencia de la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y grupos de ultraderechistas, que él dirigía y amparaba respectivamente, durante el período comprendido entre 1976 y 1978.

Habiendo tenido conocimiento de las cartas de apoyo recibidas por Rodolfo Martín Villa de ex dirigentes políticos españoles y ex líderes sindicales que han dirigido a la jueza Servini de Cubrini, queremos expresar el profundo rechazo que dicha actuación nos genera al tratarse de una injerencia política inaceptable en el marco de un proceso penal. Tratan de ejercer los firmantes y el imputado una presión política que violenta gravemente la independencia judicial en un momento procesal ciertamente importante, pues la Jueza Servini, una vez que tome declaración indagatoria a Martín Villa, deberá resolver sobre su procesamiento.

Queremos asimismo expresar nuestro apoyo y adhesión a la denominada querella argentina estando convencidos, como ha sucedido hasta la fecha, que la Jueza Servini resolverá lo que proceda en Derecho siempre atendiendo a los reclamos de justicia que las víctimas, sus familiares y amplios sectores sociales del Estado español llevan demandando durante años y que se les niega sistemáticamente por parte de los Juzgados y Tribunales españoles.

Bruselas, 3 de septiembre del 2020.

Firman este comunicado:

 

Miguel Urban (GUE/NGL)

Ernest Urtasun (Los Verdes/ALE)

Jordi Sole (Los Verdes/ALE)

Diana Riba (Los Verdes/ALE)

Izaskun Bilbao (Renew Europe)

Pernando Barrena (GUE/NGL)

Ana Miranda (Los Verdes/ALE)

Carles Puigdemont (NI)

Toni Comín (NI)

Clara Ponsatí (NI)

Sira Rego (GUE/NGL)

Manu Pineda (GUE/NGL)

Maria Eugenia Rodriguez Palop (GUE/NGL)

Idoia Villanueva Ruiz (GUE/NGL)

Consulta el comunicado aquí