Este proceso se ve de manera muy directa acelerado por una creciente pérdida de confianza en las instituciones. Si hay algo que las dañe hoy como nada es la sensación cada vez más grande de una parte de la ciudadanía de que por ellas pasan personas cuyos intereses personales se ven demasiado entrecruzados con su función de defensores del bien común.

Es un debate que en España conocemos bien, puesto que las famosas puertas giratorias han afectado de manera notable a la clase política, en el exacto momento además en el que la ciudadanía era sometida al ajuste más duro que ha vivido este país en decenios.

En los últimos meses, sin embargo, el escándalo ha saltado a Bruselas. Sin haber superado aún el sobresalto que supusieron los acuerdos fiscales con multinacionales que protagonizó el entonces primer ministro luxemburgués Jean-Claude Juncker, hoy presidente de la Comisión, y que ha dejado esta institución en una situación de debilidad como no la habíamos conocido en muchos años, han empezado a aparecer nuevos escándalos que vinculan a comisarios europeos con intereses que afectan directamente a carteras que habían ocupado con anterioridad.

Reciente por ejemplo ha sido el fichaje de la antigua comisaria Neelie Kroes por parte de Uber, tras ser, durante su mandato, una de las personas que con más dureza combatió a los gobiernos que trataban de limitar la expansión de la empresa.

A pesar de la sorpresa que causó, la ONG Corporate Europe Observatory denunció hace poco en un informe que ésta es una práctica más habitual de lo que se creía: hasta 8 comisarios en los últimos años asumieron responsabilidades en el sector privado tras su paso por la Comisión que claramente suponían un conflicto de intereses.

“Hasta 8 comisarios en los últimos años asumieron responsabilidades en el sector privado tras su paso por la Comisión que claramente suponían un conflicto de intereses”

Pero el caso de Barroso es evidentemente especial, por tratarse del expresidente de la Comisión Europea y por la empresa a la que ha decidido ir a trabajar.

Como expresidente de la Comisión Europea, Barroso tiene información privilegiada sobre el funcionamiento de las normas e instituciones europeas que evidentemente serán de gran utilidad para Goldman Sachs en el proceso del Brexit. Es ese, entre otros, el motivo de su fichaje.

Sin embargo, lo más escandaloso de todo este asunto fue la información sacada a la luz por el diario portugués Público que señalaba que Barroso mantuvo contactos con Goldman Sachs de forma secreta siendo aún presidente de la Comisión Europea. Siempre según Público, Goldman Sachs habría enviado correos confidenciales al presidente de la Comisión Europea sugiriendo cambios en nuevas propuestas legislativas, y su gabinete habría respondido que “sería valorado con interés”.

Por otra parte, en una carta firmada por el director del banco Lloyd Blankfein, se hace referencia a una visita privada y fuera de la agenda oficial de Barroso a la sede del Banco en Nueva York siendo aún presidente.

Barroso, cuya Comisión fue la encargada de desarrollar normas clave sobre regulación financiera en los últimos años tras la crisis iniciada en 2008, y que dio el primer impulso a nada más y nada menos que a la regulación sobre la Unión Bancaria, mantuvo durante ese tiempo estrechos vínculos con uno de los principales responsables de los desaguisados financieros de los últimos años, que incluye capítulos tan poco honrosos como haber asesorado al gobierno conservador griego sobre cómo maquillar la contabilidad nacional para cumplir con las normas de entrada en la moneda común.

“Según Público, Goldman Sachs habría enviado correos confidenciales al presidente de la Comisión Europea sugiriendo cambios en nuevas propuestas legislativas, y su gabinete habría respondido que sería valorado con interés”

La Comisión actual, ante tamaño escándalo, ha reaccionado tarde y mal. Decidió llevar el asunto ante el Comité de Ética de la Comisión Europea. Este Comité asesora a la Comisión en asuntos de conflictos de intereses, pero no tiene poder de decisión directa ni de sanción. Es el Colegio de Comisarios el que decide formalmente sobre las posibles sanciones por incumplimiento del código de conducta que deben observar los miembros de la Comisión. El Comité, además, no puede investigar a iniciativa propia: lo hace siempre a petición de la Comisión Europea.

Pues bien, el Comité decidió proponer no hacer nada con Barroso y la Comisión acordó aceptar el dictamen. La decisión ahondó en el escándalo y puso algo de manifiesto: la debilidad tanto de este Comité como del actual código de conducta que deben hacer aplicar.

En relación con el Código establece una limitación temporal a todas luces insuficiente de 18 meses durante el cual no se puede ejercer actividad alguna relacionada con el cargo ocupado. Y los principios que pide respetar como la “integridad” o la “discreción” carecen de definición y de normas para su cumplimiento.

Y por lo que se refiere al Comité que adoptó ese dictamen, su independencia está en tela de juicio porque sus miembros tienen vínculos directos con la propia Comisión Europea y en este caso el dictamen fue emitido sin ni siquiera llamar a declarar al mismo Barroso.

“La decisión ahondó en el escándalo y puso algo de manifiesto: la debilidad tanto de este Comité como del actual código de conducta que deben hacer aplicar”

La Comisión, sin embargo, tenía alternativas al dictamen emitido. Acorde con lo que establece  el artículo 245 del Tratado de Funcionamiento de la UE, la Comisión hubiera podido pedir al Tribunal de Luxemburgo que suspendiera la pensión de Barroso. Así reza el artículo:

“En caso de incumplimiento de dichas obligaciones, el Tribunal de Justicia, a instancia del Consejo, por mayoría simple, o de la Comisión, podrá, según los casos, declarar su cese en las condiciones previstas en el artículo 247 o la privación del derecho del interesado a la pensión o de cualquier otro beneficio sustitutivo”.

Pero hasta el momento se ha negado a hacerlo a pesar de numerosas llamadas procedentes entre otros del Parlamento Europeo para que actuara en este sentido.

El daño que este capítulo ha hecho al buen nombre de la Comisión Europea es enorme, me temo que irreparable. Y sólo podrá corregirse si se toman medidas de forma urgente.

En primer lugar sancionando a Barroso. Y en segundo lugar, endureciendo unas normas sobre conflictos de intereses que visto lo ocurrido con este caso y otros son evidentemente insuficientes. El Código de Conducta debe ser reformado en profundidad, alargando por lo menos hasta tres años la prohibición de trabajar en un actividad directamente relacionada con el ejercicio de sus funciones para los comisarios, y cinco en el caso de los presidentes de Comisión. Y al Comité que vela por su cumplimiento se le debe otorgar la capacidad de actuar motu proprio, desvincular sus miembros de la propia institución y darles más medios de investigación.

Desde el Parlamento Europeo estamos apretando para que así sea. En el último pleno de Estrasburgo, que votó el presupuesto de la Unión, decidimos congelar hasta un 20% del presupuesto para las pensiones de los excomisarios hasta que no se tomen en serio este asunto. Vamos a ver si logramos con ello alguna reacción. Sin medidas drásticas que garanticen la plena independencia de las instituciones del poder económico es difícil que la ciudadanía crea en ellas. Y si la actual Comisión Europea quiere revertir la terrible crisis que vive hoy el proyecto de integración europeo, bien haría en empezar por aquí.