Article publicado en El Diario.es
Mientras escribo estas líneas, y mientras el mundo se escandaliza por la revelación de los PanamaPapers, un joven llamado Antoine Deltour, antiguo profesional de la consultora PWC se sienta estos días ante el banquillo de los acusados en Luxemburgo por haber revelado como el Ducado mantenía acuerdos secretos con multinacionales para que pudieran eludir miles de millones de euros en impuestos en toda Europa. Antoine podría enfrentarse a entre 5 y 10 años de cárcel o a una multa multimillonaria. Es uno de los mayores símbolos del hundimiento moral europeo: procesado por denunciar la injusticia. Su caso, así como el de Snowden y otros muchos, ha puesto encima de la mesa la necesidad de dotarse de una legislación que blinde a aquellas personas que como él deciden dar un paso al frente y sacar a la luz información comprometedora.
Sin embargo, la semana pasada se aprobó una nueva directiva europea, la llamada Directiva de Secretos comerciales, que hace todo los contrario: dejar indefensos a los informadores. Desde el grupo Verdes/ALE en el Parlamento Europeo nos opusimos desde el inicio a este texto debido a los excesivos casos en los que las empresas privadas podrán acogerse a partir de ahora al secreto profesional para proteger una determinada información. Durante el trámite legislativo de la Directiva se menospreció casi totalmente la libertad de información, la libertad de expresión, los derechos de los trabajadores y la protección de los informadores, en un texto enfocado tan solo a proteger a las empresas.
En el último trámite en el Consejo asistimos además a un espectáculo deplorable cuando algunos países lograron a través de la traducción del original inglés del texto devaluar aún más esa protección. El Parlamento aprobó que los filtradores quedarían cubiertos en el caso de denunciar una “irregularidad” o “mala conducta” (en el original inglés “wrongdoing”). La inclusión de esta palabra nos decían los defensores de la nueva ley, cubriría los casos como el de Antoine Deltour. Nosotros siempre consideramos que ello era absolutamente insuficiente, pero el Consejo logró incluso devaluar este término.
De la inicial traducción al francés “comportement inaproprié” pasamos a última hora y como si fuera una corrección meramente técnica a “acte repéhensible”, que limita aún más la cobertura a los filtradores. ¿Por qué los países de habla francesa en el Consejo -entre ellos Luxemburgo, donde Antoine Deltour está siendo juzgado- estaban tan interesados en cambiar la traducción de “wrongdoing”? Creemos que cualquier cambio de un texto (que ya había sido aprobado por el Parlamento) es inaceptable. Y pone de manifiesto que podrían existir diferencias jurídicas significativas entre las distintas traducciones de esta ley.
Nuestro grupo exigió tener un informe completo jurídico independiente sobre las diferencias de las traducciones, pero tanto el Consejo como los grandes grupos del Parlamento tenían mucha prisa en que este texto se aprobara en primera lectura y querían evitar la reapertura de las negociaciones.
Las prisas y las manipulación de las traducciones fuera de todo control democrático son muestra de la escasa voluntad de nuestros gobiernos por dotarse de un verdadero marco de protección para los filtradores. Y de la urgencia de que la opinión publica se movilice para exigirlo.
Por una directiva que blinde realmente a los informadores
Defender a personas como Deltour no tiene que ver exclusivamente con la libertad de expresión o la defensa de los trabajadores. Es mucho más que eso. Es la única manera que tenemos de que mucha información hasta ahora secreta pueda salir a la luz.
Por ello es imprescindible crear un marco legal europeo para su protección. Los Verdes Europeos hemos desarrollado un borrador de Directiva en ese sentido.
Proponemos que la Directiva cubra a empleados presentes y pasados en cualquier sector de actividad público o privada. La información revelada sería aquella que afectara al interés general en el momento de su filtración, que hubiera afectado en el pasado o que pudiera hacerlo en el futuro.
Proponemos que se establezcan vías legales y seguras para la denuncia: internamente en el lugar de trabajo, directamente a las autoridades, o a través de parlamentarios, agencia públicas, sindicatos, asociaciones profesionales o incluso a través de los medios de comunicación.
Una vez hecha la denuncia, proponemos en la Directiva que se realicen investigaciones protegiendo la identidad de los informadores si estos lo desean y garantizando los derechos de las personas implicadas en la misma. Esa protección incluiría la protección de cualquier procedimiento judicial relacionado con la información revelada, así como la protección de posibles represalias internas en el lugar de trabajo ya sea el despido o la marginación profesional. La persecución de filtradores como consecuencia de la información revelada sería sancionada, situando la carga de la prueba sobre sobre el empleador.
Se trata de una propuesta clara, ambiciosa y extremadamente necesaria
Tras el atropello cometido por el Consejo con la Directiva de Secretos Comerciales, ¿se atreverán a sacar adelante nuestra propuesta? ¿Evitaremos en el futuro casos com el de Antoine Deltour? ¿O acaso seguiremos escandalizados con los Panamá Papers mientras abandonamos a su suerte a aquellos que se la juegan por nosotros?