El Acuerdo de Libre Comercio entre Japón y la UE (JEFTA por sus siglas en inglés) no representa una política comercial sostenible y orientada hacia el futuro, por lo que el Grupo de los Verdes/ALE ha votado hoy en contra. La Comisión Europea sigue centrándose en la desregulación e ignora las protestas masivas de la sociedad civil contra el muy parecido Acuerdo Comercial Canadá-UE (CETA). El acuerdo comercial permite la liberalización de los servicios financieros y de los servicios públicos de interés general, como el suministro de agua. El principio de cautela para prevenir los daños al medio ambiente, a la salud y a la protección de los consumidores se aplica de forma inadecuada. No existen normas de protección del medio ambiente, como la prohibición de importar madera procedente de la tala ilegal y mecanismos de protección de los pequeños agricultores japoneses contra las exportaciones masivas de productos lácteos de la Unión Europea.

Florent Marcellesi, eurodiputado de EQUO en el grupo Verdes/ALE, ha comentado:

“El Parlamento Europeo pierde la oportunidad de tomar la iniciativa en una política comercial internacional sostenible y justa. La liberalización de los servicios financieros y de los servicios públicos de interés general ignora las normas relativas al medio ambiente, los consumidores y los servicios municipales de interés general, como el suministro de agua. Queremos acuerdos comerciales internacionales, pero no a cualquier precio. Las metas climáticas de París y los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas deben ser normas para los acuerdos comerciales modernos. Por otro lado, la liberalización, cada vez más rápida, no traerá consigo una política comercial sostenible y social”

Ernest Urtasun, eurodiputado del Grupo Verdes/ALE y portavoz de Catalunya en Comú, ha comentado:

“La Unión Europea ignora las voces de los ciudadanos y transfiere los viejos errores de CETA al Tratado de Libre Comercio con Japón. La desregulación no debe poner en peligro las normas de seguridad y calidad para el medio ambiente, los consumidores y la salud. El acuerdo comercial es una decisión en contra de los europeos y de las empresas internacionales. Junto con millones de ciudadanos, pedimos una política comercial que garantice normas medioambientales y sociales sostenibles, valores democráticos básicos y el principio de precaución, y que no se utilice simplemente para desregular los bancos y la economía”.