Artículo publicado en CTXT.es

Europa necesita ser rescatada de sus dirigentes. La suspensión de Schengen es lo más visible, pero no lo más alarmante: los tratados están siendo vulnerados por los gobiernos nacionales, ante la pasividad de la Comisión

Poco antes de ser elegido nuevo presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker afirmó que su equipo de comisarios constituía la “Comisión de la última oportunidad”. Se intuía ya un proceso de degradación profunda del proceso de integración, con la crisis del euro como telón de fondo. Y resultó que todo estaba aún por llegar.

Si la crisis de la zona euro desencadenó un proceso de progresiva laminación del pacto social de la postguerra a partir del desmontaje del derecho y la estructuras sociales de los sistemas constitucionales de los Estados miembros, el repliegue securitario a partir de una pésimamente gestionada crisis de refugiados está haciendo retroceder ahora los derechos y libertades consagrados en el acervo comunitario tras décadas de construcción europea.

Europa se encuentra en fase deconstituyente.

La primera fase de este proceso nos sitúa en 2010. Las élites europeas deciden que una buena parte de la zona euro debe acometer un ajuste en forma de brutal consolidación fiscal y devaluación interior, y eso requiere desmontar buena parte de las estructuras sociales en los Estados miembros. Es básicamente en los ordenamientos constitucionales de los Estados miembros en los que el llamado “modelo social europeo” está consagrado. Y es allí donde apuntan. Lentamente el derecho laboral es reformado, los sistemas públicos de servicios esenciales devaluados, el empleo público degradado. La Troika y el llamado proceso del Semestre Europeo operan como agentes de ejecución de un programa neoliberal destinado a liquidar trabas en los Estados miembros. Este programa encuentra algunas resistencias precisamente en los mecanismos de protección constitucional de los países. Es el Constitucional portugués quien anula la rebaja de pensiones impuesta por la Troika a la función pública. Pero esa anulación fue una simple excepción.

Este proceso se encuentra en la raíz de la ruptura del pacto social vigente en Europa durante décadas, llevándose también por delante los sistemas de partidos que lo acompañaban (Grecia, España).

Ello tuvo un impacto directo también en la dinámica del proceso de integración. Se crearon a todo prisa instrumentos legislativos (Pacto fiscal) e instituciones (Mecanismo Europeo de Estabilidad) que, fuera del marco de los tratados de la UE y junto a un Banco Central Europeo que empezó a chantajear vía suspensión de la liquidez, garantizaban la aplicación de este programa masivo de desregulación en una dinámica que algunos han llegado a bautizar como un “nuevo federalismo europeo de tipo autoritario”.

Este retroceso sin paliativos de derechos a nivel de los Estados Miembros llega ahora al acervo comunitario. La incapacidad de gestionar de forma conjunta la llegada de un millón de personas que huyen de la guerra y el totalitarismo del ISIS ha hecho tambalearse cimientos del proceso de construcción que creíamos sólidos.

Schengen está suspendido de facto. ¡Qué inmenso error del Gobierno alemán haber tomado la decisión de reintroducir controles fronterizos el pasado mes de septiembre provocando una reacción imparable en cadena!

La suspensión de Schengen es la más visible, pero no la más preocupante de los retrocesos del derecho europeo. Lo más alarmante es que por la vía de los hechos consumados los tratados están siendo cada día vulnerados por los gobiernos nacionales, ante la pasividad del guardián del derecho europeo, la Comisión. ¿En qué queda el artículo 19 de la Carta de Derechos fundamentales  que prohíbe las expulsiones colectivas cuando el Consejo planea realizarlas? ¿En qué queda la prohibición de las devoluciones en caliente también recogida en el artículo 19, o el derecho al asilo del artículo 18?

El derecho de la Unión Europea se diluye por la vía de los hechos. La parte referida a derechos de ciudadanía se convierte rápidamente en lo que los juristas llaman “soft-law”. 

La semana pasada inauguramos un nuevo capítulo en ésta al parecer imparable dinámica. La aceptación por parte de los 28 de que un Estado miembro pueda cambiar las normas a su gusto para restar derechos al resto en beneficio propio. La ruptura del principio de no-discriminación por nacionalidad de los trabajadores, que existe en el acervo comunitario desde nada más y nada menos que el Tratado de Roma de 1957, abre un melón más que peligroso. La semana pasada algunos países ya dejaron entrever que podrían solicitar algo parecido.

Que la derecha británica haga demagogia con el asunto es una cosa (la hacienda del Reino Unido ha tenido un saldo neto de 25.000 millones en los últimos 10 años en relación con sus residentes comunitarios, de los 2 millones de comunitarios que habitan en el Reino Unido tan sólo 130.000 han solicitado alguna vez algún tipo de ayuda social); que el Consejo y la Comisión cedan al chantaje en lugar de combatir la mentira, además de dar alas al UKIP de Nigel Farage, consigue herir de muerte la dinámica de la integración.

La última palabra la tendrá el Parlamento Europeo. Si socialistas y populares en la cámara, como viene siendo habitual, validan el acuerdo, operarán de facto una dimisión de la institución. ¿De qué sirve el Parlamento si nunca le planta cara al Consejo?

La Comisión de la última oportunidad se está convirtiendo en triste comparsa de un auténtico quinquenio negro del proyecto europeo. Europa se encuentra en fase deconstituyente por arriba y por abajo. Y me da la sensación de que la única estrategia que hay ahora en Bruselas es cobijarse ante el temporal, minimizar daños esperando que vengan tiempos mejores que permitan reconstruir lo desandado. Una estrategia suicida e inútil.

Europa necesita ser rescatada de sus dirigentes.