Bruselas – 31 de marzo 2022
Las comisiones ECON y LIBE del Parlamento Europeo han votado hoy la posición y mandato negociador para ampliar a las criptomonedas las actuales normas relativas a la información de identificación personal de las transferencias convencionales. Esta normativa forma parte del nuevo paquete de medidas contra el blanqueo de capitales y se ajusta a las normas internacionales establecidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). A diferencia de las transferencias bancarias, en la actualidad no existe un marco que garantice la trazabilidad de las transferencias de criptoactivos y la identificación de las entidades reales que se encuentran detrás de una dirección de cartera de criptoactivos seudónima. Tras la aprobación de la posición del PE, en las próximas semanas se iniciarán las negociaciones institucionales con el Consejo, en un expediente que se espera acordar bajo la presidencia francesa.
Sobre todo ello, el eurodiputado de En Comú Podem y ponente del informe Ernest Urtasun, ha comentado:
“Los transferencias de criptoactivos vinculadas con actividades criminales en Europa se mueven mayoritariamente sin ser detectadas. Son un instrumento ideal para garantizar el anonimato, como ilustran todos los escándalos pasados sobre el blanqueo de capitales.
Con esta propuesta de reglamento, la UE cerrará esta laguna. Los proveedores de servicios de criptoactivos tendrán la obligación de obtener, conservar y presentar la información requerida sobre el originador y el beneficiario asociada a las transferencias de criptoactivos, con el fin de identificar y notificar las transacciones sospechosas, tomar medidas para paralizar y rechazar transacciones de alto riesgo.
Blockchain es transparente en las transacciones, pero no es la transparencia que necesitamos para perseguir a los delincuentes. El blockchain guarda la historia de un wallet, su dirección electrónica y una serie de códigos alfanuméricos. Esto es insuficiente porque no nos explica las identidades reales detrás. Por esto necesitábamos el TFR. Necesitamos información creíble verificada a la que tengan acceso las autoridades que luchan contra el blanqueo. Con esta norma la UE incrementará fuertemente su capacidad de detección y prevención de la financiación del crimen organizado.”
[Más información: principales elementos del informe aprobado]
– Se acelera la entrada en vigor: los proveedores deben adoptar un plan de implantación antes de 6 meses y garantizar el cumplimiento antes de 18 meses; se elimina el vínculo con la MiCA y otra legislación sobre el blanqueo de capitales, de modo que el TFR es un Reglamento autónomo; la adaptación a esa legislación se aborda en la cláusula de revisión
– Las disposiciones transitorias exigirán el registro o la concesión de licencias y requisitos de idoneidad para los proveedores de criptotransferencias, así como un marco de supervisión transitorio;
– El texto incluye obligaciones específicas reforzadas de diligencia debida para los proveedores de criptoactivos
– prohibición clara de interactuar con proveedores no-legales, definidos como entidades sin registro o sin presencia en cualquier jurisdicción o con entidades que operan en la UE sin autorización (cuando entre en vigor MiCA)
– Introducción de un registro público de la Autoridad Bancaria Europea. El registro público incluirá una lista de (a) proveedores no-legales (b) proveedores de alto riesgo (como los situados en países de la lista negra de la UE con riesgo de blanqueo o financiación de terrorismo o en la lista negra de la UE de paraísos fiscales), (c) servicios de alto riesgo, como “unhosted wallets, mixers y tumblers que permiten el anonimato total sin razones legítimas, o (d) carteras de criptoactivos identificadas como de alto riesgo y con vínculos con actividades delictivas;
– Disposiciones explícitas sobre la comprobación de la información con respecto a las listas de sanciones financieras;
– El texto final también requiere la verificación de la propiedad/identidad de los unhosted wallets;