El pasado 8 de abril la Comisión Europea concluyó su concurso público para elaborar un estudio sobre cómo integrar en las normas de supervisión bancaria de la UE los Criterios Ambientales, Sociales y de Gobernabilidad (ESG por sus siglas en ingles). El contrato fue otorgado finalmente a BlackRock, que se impuso a otros 8 candidatos. El contrato tiene un valor total de 280.000 euros, a pesar de que la Comisión preveía inicialmente que el valor del estudio fuese de 550.000 euros. El grupo Verdes/ALE ha dirigido una carta escrita a la Comisión Europea que investigue el posible conflicto de intereses de BlackRock para llevar a cabo este estudio, además de la fijación irregular de precios. También se ha pedido formalmente a la Defensora del Pueblo Europeo que investigue el caso.
El eurodiputado de Catalunya en Comú y vicepresidente del grupo Verdes/ALE Ernest Urtasun, ha comentado:
“Este contrato es un escándalo. BlackRock no puede asesorar a la UE ni a nadie sobre Criterios Ambientales, Sociales y de Gobernabilidad, porqué es una de las empresas que más daño social y ambiental está haciendo con su modelo. BlackRock es uno de los tres principales inversores en las ocho mayores empresas petroleras del mundo, y uno de los diez principales inversores en los doce bancos más importantes del mundo desde el punto de vista sistémico. Es el principal inversor mundial de la industria armamentista. Su modelo de negocio ha tenido un impacto negativo en los sistemas de pensiones y en el mercado de vivienda, causando un grave impacto social.
Además de ser evidentemente inmoral que un Fondo de este tipo asesore a la Comisión, también creemos que es ilegal. Vemos claros conflictos de intereses, la decisión de la Comisión Europea de adjudicar el contrato a BlackRock, entra en contradicción con la Directiva 2014/24/UE sobre contratación pública, en particular sus artículos 24 sobre conflicto de intereses, el 57 sobre motivos de exclusión y el 69 sobre ofertas anormalmente bajas.
El artículo 24 define que habrá conflicto de intereses si el adjudicador tiene, “directa o indirectamente, un interés financiero, económico o personal que pudiera parecer que compromete su imparcialidad e independencia”, cosa que evidentemente pasa en el caso de BlackRock, accionista de las entidades que la UE deberá supervisar. El articulo 57.4 establece que, en caso de no poder resolverse la existencia de conflicto de intereses, el adjudicatario quedará excluido del proceso. El hecho de que la oferta de BlackRock sea más o menos la mitad de lo que la Comisión estipuló como un precio, demuestra que el precio está totalmente fuera del mercado y que BlackRock estaría trabajando bajo precio solo para poder imponer su criterio técnico en un tema tan importante.
Por todo ello pedimos a la Comisión que pare este sinsentido de inmediato. También nos hemos dirigodo a la Defensora del Pueblo para que inicie una investigación. No podemos aceptar que la UE regale dinero a BlackRock, ni que la Comisión base sus políticas sus intereses empresariales.
Unas normas de ESG fuertes y estrictas para el sector bancario son clave para reorientar las inversiones y conseguir que el sector financiero no quede al margen de las políticas sociales y ambientales que necesitamos para el futuro. Unas reglas sobre ESG más permisivas beneficiarían a las compañías petroleras y a los fondos buitre”.