Centenares de mujeres trabajadoras migrantes han denunciado casos de explotación laboral y sexual en los campos de fresa de Huelva1. Estas mujeres viven una grave situación de vulnerabilidad, agravada por una dinámica particular de género y relaciones de poder (clase, educación, salud, responsabilidad familiar, situación migratoria).
Ya en el 2013, el Relator de la ONU denunció casos de violencia sexual y prostitución en Almería, llamando al respeto por la dignidad y los Derechos Humanos2.
A raíz de las denuncias realizadas, estas mujeres han sufrido graves represalias: han recibido coacciones y muchas han sido retenidas y enviadas a su país de origen, privadas de protección y servicios de apoyo básicos.
Teniendo en cuenta que la Directiva 2012/29/EU ofrece protección, servicios y justicia a víctimas de delitos independientemente del estatus de residencia, Ernest Urtasun, eurodiputado del Grupo Verdes/ALE y portavoz de Catalunya en Comú, ha presentado una pregunta parlamentaria a la Comisión Europea (aquí la pregunta presentada) para preguntar si considera que la falta de protección y expulsión de estas mujeres tras haber denunciado explotación laboral y sexual vulnera dicha Directiva.
También ha solicitado información acerca de qué acciones va a proponer para reglamentar, autorizar y controlar a los reclutadores y agencias de empleo para prevenir el abuso y explotación. Finalmente ha preguntado a la Comisión si considera hacer obligatoria en la Directiva 2014/36/EU la posibilidad de que estos trabajadores puedan cambiar de empleador para que no sean obligados a aceptar prácticas abusivas.
1 http://www.lasexta.com/noticias/sociedad/denuncian-que-400-temporeras-estan-retenidas-enhuelva-no-se-les-ha-pagado-hay-abusos-y-maltrato_201806035b14523d0cf2691eb4962109.html
2 http://www.acnur.es/PDF/informe_mision_relatorespecial_racismo_2013_20130806150757.pdf