Negociación política y amnistía

Artículo publicado en La Vanguardia, firmado por Jaume Bosch, Ponente del Estatut de 2006, y Ernest Urtasun, eurodiputado del grupo Verdes/ALE y portavoz de Catalunya en Comú.
Catalunya y España afrontan uno de sus momentos más difíciles desde la promulgación de la Constitución del 78. La crisis política de la relación entre Catalunya y el resto del Estado español está generado unos costes altísimos para la ciudadanía.

Por un lado en Catalunya donde, después de que el Tribunal Constitucional rompiese el pacto del 78 con su sentencia del 2010 sobre el Estatut votado por el pueblo catalán, el unilateralismo ha llevado al país hacia un callejón sin salida, con un riesgo de fractura social (avivada también por Ciudadanos), en una huida hacia delante donde los únicos resultados han sido la pérdida de las propias instituciones y el sufrimiento de muchas personas y familias a raíz del encarcelamiento de líderes independentistas y miembros del Govern de la Generalitat. Se hizo una DUI de espaldas a la mayoría de los catalanes y catalanas, y no se quiso valorar la capacidad de respuesta del Estado ni el contexto europeo e internacional. Pero el desgaste es también para el conjunto de España: la nula propuesta política por parte del Gobierno Rajoy primero, y después su respuesta represiva, han supuesto un altísimo desprestigio institucional y un indudable coste en términos de imagen exterior; la aplicación del artículo 155, recurrido ante el Tribunal Constitucional por el Parlament y por Unidos Podemos, nos ha alejado de una solución.

En este escenario, el nombramiento de Joaquim Torra como President de la Generalitat es un error que ha provocado un amplio rechazo en Catalunya, en España y en Europa al conocerse detalladamente sus escritos. A pesar de todo, es urgente reconstruir puentes y abrir vías de diálogo que permitan dibujar nuevos escenarios. Una solución política que pasa sin duda por el levantamiento del artículo 155 y de la intervención financiera de la Generalitat, garantizando la plena recuperación de las instituciones de autogobierno y una solución para los encarcelados y encarceladas. No habrá normalización con personas en la cárcel o en el extranjero.

Esta última es probablemente la cuestión que políticamente y jurídicamente es más difícil de resolver, pero sin la cual creemos que no es posible dibujar nuevos escenarios de concordia. Más allá de lo que ya han señalado numerosos juristas en España (y también diversos tribunales europeos) sobre el exceso injustificado de la aplicación en este caso del tipo penal de rebelión, de sedición y hasta de malversación, e independientemente del resultado del juicio, debemos empezar a buscar soluciones que devuelvan el conflicto al terreno del que nunca debería haber salido: la política.

Es urgente pensar en el futuro inmediato, sin que ello presuponga, más bien al contrario, la culpabilidad de nadie. Ningún actor político puede considerar deseable que estas personas, si son condenadas, estén años en la cárcel. A nuestro parecer ni siquiera ahora deberían estar ahí.

Existen dos posibilidades teóricas que se podrían estudiar: el indulto o la amnistía. Otra, de cara al futuro, podría ser la modificación del Código Penal para delimitar mejor algunos delitos, pero parece que hay quien está contemplado esta posibilidad precisamente para encajar mejor en el Código Penal las conductas que se quieren castigar: una nueva muestra de que únicamente se piensa en la respuesta judicial y un reconocimiento de las indudables lagunas jurídicas evidenciadas durante la instrucción y que la justicia belga acaba de resaltar.

La primera opción, el indulto, la planteó el candidato socialista Miquel Iceta, durante la pasada campaña electoral. Esta sería la más lógica y sencilla. El problema es que requiere de una sentencia en firme, arrepentimiento y únicamente la puede acordar el Gobierno del Estado.

La segunda opción es la amnistía. La Constitución, en su artículo 62, prohíbe los indultos generales, pero no prohíbe la amnistía, que no se menciona en el texto constitucional. Si bien existe un debate doctrinal sobre si el indulto general sería equiparable a la amnistía, en nuestra opinión es un instrumento que podría utilizarse.

Es cierto que una parte de la doctrina considera que si los indultos generalizados están prohibidos, también lo están las amnistías. Sin embargo, otros juristas como Carlos Pérez del Valle (Amnistía, Constitución y justicia material, Revista Española de Derecho Constitucional, Núm. 61, enero-abril 2001) han señalado que si la Constitución hubiese querido prohibir la amnistía, lo tendría que haber hecho de manera expresa. En el mismo artículo, Carlos Pérez del Valle considera posible la amnistía por tratarse de una institución sustancialmente diferente del indulto.

Cabe entender la amnistía como el restablecimiento de la paz jurídica después de un tiempo de inseguridad, cuando sólo de esta manera se puede superar una situación pasada de enemistad o conflicto.

Si este fuese el procedimiento escogido, debería aprobarse una Ley de Amnistía en el Congreso de los Diputados. No sería necesario esperar ni siquiera a una sentencia firme. Una ley de este tipo tendría que fundamentarse en el carácter excepcional de los hechos acaecidos durante los últimos años en Catalunya y en la necesidad de abrir una nueva etapa con un nuevo marco institucional aceptado por todos. La ley tendría que incluir a todas las personas condenadas, procesadas e investigadas por el poder judicial por hechos relacionados con el proceso soberanista.

A pesar de que esta ley, a nuestro entender, debe surgir de un amplio consenso político, existiría el riesgo de que alguien quisiera recurrirla ante el Tribunal Constitucional. En este caso, le correspondería a este Tribunal determinar si una amnistía tiene cabida o no dentro del ordenamiento constitucional. Dado que esta cuestión admite amplias dosis de interpretación, sería una buena ocasión para apostar por buscar soluciones y no para crear más problemas.

Ahora que se abre una nueva etapa en el Parlament, y ante la urgencia de encontrar una solución política para presos y presas, sería deseable que el conjunto de fuerzas políticas de Catalunya estudiasen la posibilidad de desarrollar conjuntamente una propuesta de este tipo. A nadie se le escapa, por supuesto, que ello debe ir acompañado de una negociación política más amplia que incluya el diseño de un nuevo marco institucional para Catalunya que permita cerrar las heridas abiertas por la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut. Una negociación que requiere evidentemente renunciar a retomar la vía unilateral, por un lado, y a la voluntad recentralizadora, por otro. Una ley de amnistía rescataría el conflicto de la vía judicial, y volvería a otorgar la capacidad de decisión al poder político.

Para dibujar escenarios de convivencia democrática, es imprescindible salir de la confrontación cotidiana y empezar a tejer algunos consensos que permitan dibujar soluciones.

Ernest Urtasun. Eurodiputado y Portavoz de Catalunya en Comú.

Jaume Bosch. Ponente del Estatut de 2006.