Después de una larga campaña para la protección de denunciantes en la UE, el grupo Verdes/ALE ha acogido con satisfacción la publicación de las propuestas de la Comisión Europea. El grupo Verdes/ALE ha estado presionando constantemente por una directiva y publicó su propio borrador de propuesta en mayo de 2017. La propuesta de directiva del grupos Vedes/ALE, que se actualizó a principios de este mes, está disponible (en inglés) aquí.
El diputado del grupo Verdes/ALE y portavoz de Catalunya en Comú, Ernest Urtasun, ha comentado:
“La campaña europea para la protección de los conocidos como whistleblowers, las personas informantes y denunciantes de actuaciones irregulares de empresas y gobiernos, ha dado sus frutos. Junto a las ONG, los sindicatos y los periodistas, nuestro grupo hemos luchado mucho para presionar a la Comisión Europea para que tome medidas.
Queremos hacer una mención especial al escandaloso caso de Hervé Falciani, que sigue bajo arresto domiciliario injustamente. Todas las acciones que Facliani llevó a cabo, denunciando un fraude fiscal masivo y actividades de blanqueo de capitales, estarían protegidas por la propuesta de directiva que hoy ha presentado la Comisión. Así pues, aprovechamos también para seguir exigiendo al gobierno de Rajoy que debe oponerse a la extradición de Falciani, que debe ser considerado un ejemplo y referente en lugar de ser tratado como un delincuente.
Las propuestas de la Comisión son un buen punto de partida. Es positivo que tanto el sector público como el privado estén bajo el paraguas de la protección de informantes y denunciantes. El sector privado también debe rendir cuentas cuando lleven a cabo acciones inmorales o ilegales, no puede ser que solo por los trabajadores y trabajadores del sector público estén cubiertos.
Muy a menudo, cuando la gente denuncia irregularidades lo hace por una violación del interés público o por detectar acciones que vulneran el espíritu de la ley, no necesariamente su literalidad. Así, también vemos como positivo que la Comisión ofrezca protección a denunciantes cuando sus revelaciones son sobre acciones tanto manifiestamente ilegales como potencialmente ilegales y también que cubra el abuso de la ley y actos u omisiones que van en contra del espíritu de una ley.
Todavía hay trabajo por hacer. La vulneración por parte de una empresa de los derechos de sus trabajadores y trabajadoras no está incluida en el ámbito de aplicación de la directiva. Entendemos que para garantizar el derecho a los trabajadores y trabajadores a llevar a cabo estas denuncias públicas se requerirá de medidas legislativas adicionales, pero es un área demasiado importante para que quede desprotegida”.